El subgobernador del Banco de España ha reconocido a la prensa que las auditorías realizadas por Oliver Wyman y Roland Berger no identifican los problemas de cada entidad analizada, no dan nombres ni cifras para cada una de ellas, y sólo dá una cifra con una gran horquilla que sitúa desde los 51.000 a los 62.000 millones de euros las necesidades de nuestras entidades. Algo que los expertos consideran una absoluta chapuza, puesto que no aclara realmente la situación de las entidades.
Luisa Galván. 22.06.12. La banca española necesita entre 51.000 y 62.000 millones de euros para afrontar un escenario estresado de máxima exigencia, lo que significa que el PIB caiga el 6,5% en tres años (2012, 2013 y 2014). Esta es la conclusión de los informes elaborados por las consultoras independientes Oliver Wyman y Roland Berger que se han presentado este jueves. Las cifras, en principio, producen un cierto alivio en medio del trasiego de estimaciones que han circulado en los últimos días y que habían llegado a situar esas necesidades en los 150.000 millones de euros. Una vez conjurado ese fantasma, sin embargo, subsisten algunas incógnitas que ni el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ni el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, han despejado en la rueda de prensa para presentar las auditorías. Y es que, tal y como ha avisado el subgobernador, estos informes no entran en el detalle de la situación de cada entidad ni de las cifras que cada una de ellas requerirá para recapitalizarse. Restoy solo se ha atrevido a aventurar que “en principio, las entidades de mayor tamaño no necesitarían capital adicional”, lo que cerraría el círculo de las necesitadas a todas las demás, especialmente a las que ya están participadas por el FROB (Bankia, Novacaixagalicia y Catalunya Caixa, obviamente).
La sentencia definitiva queda pues aplazada hasta septiembre, que será cuando conozcamos el estudio que están llevando a cabo las cuatro grandes auditoras: Deloitte, PwC, Ernst&Young y KPGM. Y ahí sí que se hará un análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de las 14 entidades analizadas. Una vez más, la falta de respuestas concretas a preguntas concretas prorroga la incertidumbre y mantiene la sospecha sobre todo el sistema financiero. Veremos cómo reaccionan los mercados este viernes tras haber cerrado el jueves antes de que se conocieran los informes. De momento, no parece que les haya gustado el nuevo retraso en la presentación de la solicitud formal del rescate anunciado por De Guindos.
Al presentar las cifras de Roland Berger y Oliver Wyman, Fernando Restoy ha querido lanzar un mensaje tranquilizador asegurando que “el núcleo del sistema bancario dispone de capacidad de resistencia a escenarios adversos” y que “no estamos hablando de necesidades imperiodas, de cantidades que se vayan a necesitar de forma urgente” sino que “estamos hablando del capital que sería necesario si se produjese un escenario de extrema tensión que está muy lejos de que sea probable que pueda producirse”.
Las cifras adelantadas por las auditoras para la recapitalización del sistema financiero parten de la estimación de ese escenario adverso con una caída del PIB del 6,5% en tres años (2012, 2013 y 2014) , una corrección del precio de la vivienda del 26,4% en ese período (lo que supone una caída del 55-60% desde el techo de la burbuja) y un descenso del precio del suelo de entre el 85% y el 90% desde máximos. En ese escenario, las consultoras han estimado la pérdida esperada de las entidades en toda su cartera crediticia, así como su capacidad para absorber pérdidas con sus resultados y los niveles de capital actuales. De ahí resulta cuánto capital adicional necesitarían las entidades para mantener un nivel mínimo, que se ha establecido en el 7% de core capital.
En un escenario más benigno, si se cumpliesen las previsiones económicas actuales, las necesidades de capital serían de 16.000 a 25.000 millones, según el cálculo de Oliver Wyman, y de 25.600 millones, según Roland Berger.
A partir de la presentación de la segunda oleada de auditorías, en septiembre, las entidades financieras tendrán nueves meses “de máximo” para cumplir con las necesidades de capital y una vez identificadas las que no puedan asumir las nuevas exigencias por sí solas, podrán acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con la “condicionalidad requerida”. Cuando se les ha intentado arrancar algún detalle más sobre las entidades que podrían salir peor paradas, Restoy y Jiménez Latorre han respondido con otra obviedad de libro: “Las que requerirán apoyo público serán las menos rentables, con vocación más regional, centradas en el sector inmobiliario y más vulnerables a la crisis”.
Al tiempo que ambos comparecían en rueda de prensa, se ha informado de que el Banco de España, a través del FROB, ha decidido “aplazar temporalmente” la subasta de Catalunya Banc y Banco de Valencia, hasta que se resuelva la ayuda europea a la banca. En un comunicado del FROB se apunta que estas subastas se retrasarán “en tanto se concretan” el proceso de valoración de las necesidades de capital de la banca española, conocido hoy, y “el apoyo financiero” del Eurogrupo. Hasta que se produzca la subasta el Fondo “continuará comprometido con la viabilidad de las entidades bajo su control”, es decir, Banco de Valencia, Catalunya Banc, Novagalicia y Bankia.
El secretario de Estado de Economía, por su parte, ha descartado liquidar alguna entidad financiera, al asegurar que esta sería “la solución más cara”. Y ha recuperado una vieja idea que su departamento había enterrado en lo más profundo de un cajón. Al referirse a los próximos pasos a dar para el rescate financiero,Jiménez Latorre ha afirmado que le corresponde darlos a Bruselas y ha añadido algo más: “Ahora va a ser la Comisión (Europea) la que imponga las condiciones y la que establezca el marco de reestructuración. Y por los contactos que hemos tenido, la solución del banco malo les gusta”. Ese ‘banco malo’ podría traducirse en un “vehículo de gestión de activos” como posible solución para el sector financiero. Teóricamente, la separación del negocio financiero rentable de los activos sobreevaluados (fundamentalmente inmobiliarios) es la fórmula de evitar que el segundo contamine al primero pero, al margen del coste que pueda tener para las arcas públicas, tampoco presupone una garantía. Baste recordar el caso de Bankia que ya tenía concentrados sus activos tóxicos en BFA.
Fuente: Diario el Aguijón
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